¡Indignante!
En su artículo 8, la ley española establece que no se autorizarán exportaciones de armas, cuando existan indicios racionales de que éstas pueden emplearse en acciones que perturben la paz, la seguridad y los derechos humanos. Pues bien, según denuncian Amnistía Internacional, Intermón, Greenpeace y Fundació per la Pau, durante el primer semestre de 2008, el Gobierno autorizó la venta de material de defensa a destinos tan preocupantes como Israel, Colombia, China, Marruecos y Pakistán. La ley obliga igualmente a la transparencia y permite que conozcamos al usuario final de las armas, pero he aquí que el Gobierno no ha dado explicaciones y aún seguimos en la espera de que el Congreso se las reclame.
